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09.07.2018
De cárceles, hacinamiento y lo que deja la Ley de Narcomenudeo
a falta de capacidad en las unidades penales de la provincia no es novedad. Un informe de ElDía da cuenta de como las granjas penales de Gualeguaychú, construidas para albergar a internos pronto a quedar libres, se han transformado en cárceles comunes que albergan a todo tipo de condenados. Preocupa la baja edad de los internos y las consecuencias de las adicciones de quienes están encerrados.

Mucho se habla de la Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú, contemplada como cárcel de máxima seguridad, o de las modificaciones que ha sufrido desde que funciona la Granja Penal El Potrero, ubicada en la misma ciudad. Pero ¿Qué se sabe de lo que pasa adentro? ¿Quiénes son los que llenan las cárceles de la ciudad? ¿Se convirtieron en un depósito de personas más que en un lugar para que sean rehabilitados socialmente?

El doctor Matías Lonardi, defensor Auxiliar Penal del Poder Judicial local, representa a todas las personas sometidas a un proceso penal sin los medios necesarios para poder pagar un abogado particular y habló al respecto.

Las cárceles están repletas de pobres. Ésta no es una frase hecha, es la pura realidad. En Gualeguaychú y en cualquier ciudad argentina. “Un 90 por ciento de las personas que delinquen son asistidas por el Estado”, contó Lonardi, ratificando esta realidad.

“En la actualidad, quienes ingresan a las unidades penales, como condenados o con prisión preventiva, son cada vez más jóvenes. Y no solo eso, cada vez tienen menor respeto por el resto de la población penal. Este es un problema que se está dando en toda la Argentina por diversos factores”, expresó Lonardi, y puntualizó en la falta de educación y el consumo de drogas. “En el consumo de sustancias tóxicas está el mayor problema de quien cumple una pena”, aseguró.

“El Artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles son para rehabilitar y no para castigar a las personas. Desde ese punto de vista, debemos entender que ninguna unidad penal debería ser un depósito de personas, que es lo que viene sucediendo de un tiempo a esta parte”, cuestionó el defensor judicial. Aunque destacó las alternativas ofrecidas por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos: “existe una diversidad bastante amplia de talleres, tanto en lo que es tratamiento a las adicciones como la laborterapia, por ejemplo. Cuando la persona ingresa es sometida a un tratamiento psicológico y tiene la posibilidad de trabajar en el lavadero, la panadería, o en la reparación de vehículos, entre otras alternativas”.

Además, “afortunadamente Gualeguaychú cuenta con la Unidad Penal Granja Colonia El Potrero Nº 9, que tiene un abanico más amplio de actividades y talleres en un régimen distinto al de la UP2”, celebró Lonardi, aunque casi inmediatamente lamentó que la idea original del lugar, pensado para quienes se encontraban prontos a quedar libres, “se haya desvirtuado con el ingreso de personas que comienzan a cumplir con su pena”. Consecuencia ésta de la falta de lugar en otros establecimientos de encierro de la provincia.
Ley de Narcomenudeo
Desde la implementación de la Ley 10.329, conocida como Ley de Narcomenudeo y puesta en vigencia el 9 de mayo, la Policía de Entre Ríos ha realizado diversos procedimientos en todo el territorio entrerriano con el objeto de desbaratar los “kioscos” de droga. El resultado: más de cien personas detenidas.

“Su puesta en vigencia ha incrementado notoriamente el número de personas que se encuentran con prisión preventiva en las jefaturas departamentales o con domiciliarias en forma menos gravosa, con el uso de una pulsera electrónica”, contó el funcionario judicial. Y sobre la capacidad del penal de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú aseguró que “en un momento se vio casi colapsada”, al tiempo que las prisiones domiciliarias pasaron de 15 a 35 personas en poco más de dos meses.
Granja Penal Nº 9 Colonia El Potrero
Sobre la franja etaria de quienes cumplen condenas en las cárceles de la ciudad, el defensor oficial dijo que salvo algunas excepciones, son los jóvenes de entre 18 y 25 años quienes engrosan esta lista.

“Si bien son muy jóvenes todavía, cuando ingresan a la penalización generalmente se encuentran en la última etapa de consumo, totalmente atrapados por la adicción, y la única manera de tener plata para consumir es salir a robar. Lamentablemente, son personas que llevan mucho tiempo consumiendo”, agregó.
Más presos que cárceles
El colapso de la capacidad de las unidades penales es una realidad cada vez más grave. Por eso, el bloque de Senadores de Cambiemos solicitó al Ejecutivo provincial que inicie gestiones ante el Ministerio de Defensa de la Nación para que se transfieran espacios disponibles del Ejército al Servicio Penitenciario.
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