El clima en los tribunales es de conmoción e incredulidad, en medio de un cisma judicial dominado por las internas palaciegas en las que unos y otros vienen mostrando sus armas en una lucha donde lo que menos importa es el valor justicia.

La denuncia por abuso sexual contra el juez Marcelo Baridón, de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, provocó estupor y sacudió la atmósfera de tribunales; por un lado, por el perfil del magistrado, estrechamente vinculado a organizaciones gremiales y de derechos humanos; y, por otro lado, porque el denunciante es un joven sobre el cual tenía deberes de cuidado.

La noticia se conoció a través de una publicación que hizo el joven en redes sociales: “Estoy concluyendo un proceso de cinco años de terapia. Comencé a ir porque me sentía muy mal por haber sufrido abuso sexual en mi infancia. Finalmente, ayer (por el jueves) me decidí e hice la denuncia a mi progenitor, quien fue el que perpetró los abusos entre la edad de 5 y 12 años. Fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá, y probablemente lo siga siendo. Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes, aunque por suerte las cosas van cambiando en este sentido”. Los hechos habrían ocurrido entre 1993 y 2000.

La denuncia recayó en la Unidad de Violencia de Género y la investigación quedó a cargo del fiscal Oscar Sobko, quien instruyó una serie de medidas para dar curso al legajo, y Baridón ha designado al abogado Leopoldo Lambruschini como su defensor.

Superado el espasmo inicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le pidió al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, un informe sobre la existencia y el estado de la denuncia contra el magistrado. La decisión se tomó ante las repercusiones públicas que tuvo el caso y sostenida en la ley orgánica, que le concede al alto cuerpo funciones de control “sobre la conducta de todos los miembros del Poder Judicial” e impone a los magistrados que tengan “una conducta irreprochable”. García responderá que efectivamente se ha presentado una denuncia contra Baridón, pero que el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que el legajo de investigación solo es público para las partes y sus defensores y que ellos tienen obligación de guardar secreto. Por lo demás, el STJ carece de facultades disciplinarias respecto de otros magistrados, de modo que se puede inferir que lo suyo, por ahora, es solo fogueo.

Hasta aquí, los hechos.

De las redes a los expedientes

La decisión de contar un abuso sexual es íntima y personal. Y hay algo que debería ser parte del sentido común: los efectos del trauma que provoca el abuso sexual en la infancia son devastadores y, entonces, tomar la palabra, contar, denunciar lleva tiempo.

Para un periodista, estos casos representan un desafío que pone a prueba el profesionalismo al dar a conocer los hechos de manera equilibrada; y en esta historia anidan una serie de dilemas que complejizan el modo de contar: la denuncia se conoció a través de las redes sociales, involucra a un funcionario público y la presenta un joven sobre quien el denunciado tenía deberes de cuidado.

Como se dijo, la noticia se conoció por una publicación que hizo el joven en Facebook e Instagram, un territorio donde lo público y lo privado más de una vez se confunden, donde los límites se desdibujan, las fronteras se corren, a veces se vuelven porosas y la intimidad está sujeta a una negociación permanente.

Así, las redes sociales se convierten muchas veces en un espacio de exposición y circulación de discursos individuales donde no siempre es el propio individuo quien puede restringir esa llegada; hasta el punto de convertirse en un espacio para conseguir información de otros e incluso difundirla.

Dicho esto, el nombre de Marcelo Baridón no apareció en la publicación que hizo el joven en redes sociales –sí en la denuncia que radicó en sede judicial–, pero empezó a correr como reguero de pólvora y llegó a los medios.

Se trata de un funcionario público, juez de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, a la que llegó en 2014 y con el puntaje más alto en el concurso público ante el Consejo de la Magistratura.

Egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Marcelo Javier Baridón nació en Paraná hace 59 años y es hijo de un médico que fue subsecretario de Salud entre abril y agosto de 1981, en el breve interregno en el que Jorge Washington Ferreira fungió como interventor en Entre Ríos.

Ingresó al Poder Judicial precedido de una carrera de más de dos décadas en el ejercicio libre de la profesión, como abogado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), querellante en los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura y representante de víctimas de abuso sexual del sacerdote Justo José Ilarraz; y también cuenta en su currículum su paso como docente universitario.

Baridón también supo transitar los caminos de la política, dentro del peronismo y cercano a la estructura de José Carlos Halle, de quien fue funcionario durante su gestión como intendente de Paraná, aunque sus caminos se bifurcaron en el último tiempo. Y compartió estudio jurídico con Julio Rodríguez Signes.

El sismo que provocó la denuncia debe entenderse además porque hay quienes lo sindican como uno de los estrategas entre aquellos que el año pasado disputaron la conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.

De ahí que el futuro se presente incierto y, ante este escenario, los tribunales se convertirán en un campo privilegiado para la observación de esa imbricación de esferas tan característica de estos tiempos.

(*) Periodista del sitio Página Judicial y Revista Cicatriz