Este jueves por la mañana se reunió la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por el diputado socialista Juan Manuel Rossi, en la que asistieron referentes de organizaciones ambientales y especialistas para tratar el proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios en Entre Ríos.

En este marco los expositores coincidieron en que la iniciativa debería modificarse, el nivel de contaminación de los agroquímicos y que “no funciona el modelo del agronegocio”.

Uno de los primeros en hablar fue Facundo Scattone Moulins, proveniente de Concordia, integrante de Nodo Brote Nativo que es una organización socioambiental que lucha contra los agrotóxicos, por la agroecología y los humedales. Scattone enunció que la alimentación está siendo vulnerada, que la agroecología puede realizarse de manera extensiva y no solo en producciones chicas.

Además, el ecologista brindó datos numéricos alarmantes: Por un lado, en la Provincia cerraron 80 escuelas rurales por el hecho de las fumigaciones y, por otro, solo el 14% de la población del país vive en zonas rurales.

Scattone cerró su exposición: “El agronegocio tiene consecuencias sociales, hay otro modelo de vida y actualmente habitamos en un ecocidio”.

A continuación expuso Emilio Vitale que es integrante de una cooperativa de implementación de software y ambiente de Concepción del Uruguay. El ingeniero tomó como ejemplo al municipio de la localidad bonaerense de Chascomus que, a través de un sistema con tecnología gps en la maquinaria para controlarla, la Secretaría de Ambiente del Municipio podía tomar cartas en el asunto al notar irregularidades.

“Entendemos que no hay voluntad política para que se controle”, enunció Vitale y estimó que “habría que hacer una ley nueva y que su autoridad de aplicación sea la Secretaría de Ambiente”.

Por su parte la dirigente de izquierda, Nadia Burgos, hizo hincapié en los despidos a los estatales que se encontraban trabajando en entidades relacionadas a lo agrario. También postuló su rechazo a la ley por razones democráticas, sociales y ambientales y acentuó que “el proyecto debería tener otra perspectiva”.

Además Burgos exhibió que “el modelo del agronegocio se basa en la concentración de la tierra, es obsoleto, beneficia a la casta del campo y antidemocrático como el modelo de Soja Transgénica fue sancionado en 1996”. Posteriormente la referente enunció: “Este modelo no produce alimentos, sino comodities”.

Entre otros argumentos que dio Burgos es que encuentra presencia de agroquímicos en el agua, la lluvia, los peces en el río, el medio ambiente en general y hasta en la Antártida.  Finalmente apeló a “otras formas de producir”.

Otra de las expositoras fue la integrante del colectivo ambiental Basta es Basta, Alicia Schwartzman, que consideró que el proyecto “no se condice con la realidad” y que “la salud de las personas puede darse con la agroecología”.

Además, entre sus fundamentos expresó: “No hay buenas prácticas con agrotóxicos ya que contaminan los cuerpos y el ambiente”. La ambientalista hizo referencia a la localidad entrerriana de Basabilbaso y su realidad ante la cantidad de pacientes oncológicos de la localidad y la contaminación con agroquímicos en el lugar.

Schwartzman hizo hincapié que en el proyecto no se menciona la palabra agroecología, dijo que es “una ley regresiva que va a generar más conflicto social”, abogó por “la transición urgente de modelo de producción por la salud de las poblaciones” y que también “hace más independientes a los productores”.

Por su parte la directora de la Escuela Rural 66, de la localidad Costa Uruguay Sur, Estela Lemes   padece una enfermedad causada por las constantes fumigaciones con agroquímicos que caían sobre el establecimiento en el que trabaja y actualmente en el sector hay producción ganadera.

“Es nuestra responsabilidad que esto no se vuelva a repetir”, apuntó la docente y argumentó que “son agrotóxicos, no fitosanitarios, lo digo porque los tengo en mi sangre”. Además sugirió que la comisión convoque a gente de salud.

Por último Lemes sentenció: “Si aprueban esta ley están siendo cómplices de que a la gurisada se la envenena”.

Otra de las expositoras fue la integrante del Colectivo Vecinos por los Humedales del Río Uruguay de Concepción del Uruguay, Cristina Tejedor, que en su argumentación expresó: “Es una contradicción dejar a cargo de la protección de la salud a los venenos”, agregó que casi todo Entre Ríos es un humedal y está sumamente dañado por los agrotóxicos.

Además apuntó contra el manual de Buenas Prácticas para el Uso de Agroquímicos y justificó: “Fue escrito por las empresas que venden insumos y está orientada al rendimiento máximo del veneno”.

Por su parte la abogada Maria Fernanez Benetti hizo hincapié en estudios y evidencia científica sobre la manera en la que los agroquímicos afectan a la salud de las personas y el medio ambiente. También mencionó que en el año 2013 se comenzó a discutir la problemática dentro de la Justicia.

Al cerrar señaló que “Bayer y Monsanto se benefician con este modelo y que es discriminador”.

Posteriormente expuso el integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enzo Culasso Orué, se refirió al Estado de Derecho y nombró a la encíclica del Papa Francisco en la que habla sobre el cuidado del ambiente.

Además el abogado habló de la posibilidad de la “ecologización” del derecho privado y que el modelo agroindustrial reduce a los pequeños y medianos productores. Al finalizar, pidió la transición a un modelo agroecológico.

Finalmente la última en mostrar sus argumentos fue una de las abogadas de la Coordinadora provincial por una Vida sin Agrotóxicos, María Fernández Benetti, que se refirió a que el proyecto tiene un tratamiento legal limitado, encontró inconsistencias en el texto desde el derecho, que no se evalúa ningún tipo de afectación y consideró que debería ser debatido en comisiones de Salud, Producción y Legislación Agraria.

La abogada apeló por “una buena herramienta que sirva a todos”, expresó que la iniciativa tiene “inconsistencias” y por ello lo rechazó. Además exigió un régimen de registro de agroquímicos, que se tenga en cuenta la geografía de Entre Ríos.

Por último, al cerrar la reunión Fernández pidió que “no se exponga más a la población” y un “modelo de transición productiva”. (APFDigital)