Diputados nacionales de la opisición impulsan en el Congreso un proyecto de ley fue avalado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la cordobesa Natalia de la Sota y la bonaerense Marcela Pagano. Acusan al gobierno de Milei de “incongruente” por haber declarado a la educación como un “servicio esencial, pero en paralelo asfixiar financieramente al sistema”.

El texto fue nombrado como “Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo” y fue firmado por Nicolás Trota de Unión por la Patria; la monobloquista cordobesa Natalia de la Sota; Miguel Pihcetto de Encuentro Federal; Marcela Pagano de Coherencia; Esteban Paulón de Provincias Unidas; y Mónica Frade de la Coalición Cívica. También acompañaron otros integrantes del peronismo que representan a Formosa, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Jujuy, La Pampa y San Juan, entre otras provincias.

Los otros puntos mencionados en este proyecto señalan como fundamentos del pedido de declaración de emergencia, la reducción del gasto educativo desde la Nación a las provincias en 1,5% en 2024 y 1,9% en 2025 del Producto Bruto Interno; y la existencia de conflictividad laboral docente que afecta el inicio del ciclo lectivo al menos ocho provincias.

En ese sentido, cargaron que “la inversión educativa real durante el gobierno de Milei tuvo una caída de 47,7%, cayendo a su vez, un 37,6% en relación al PBI, el nivel más bajo de los últimos 20 años”. Y aseveraron que “se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país, junto con la ausencia de paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento educativo”. “El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia”, remarcaron.

Mientras el Poder Ejecutivo prepara el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, redactado por el Consejo de Mayo y seguramente anunciado por Milei en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, los diputados opositores firmantes de este pedido de emergencia salarial docente acusaron al Gobierno de “incongruente” por haber declarado a la educación como un “servicio esencial, pero en paralelo asfixiar financieramente al sistema”.

“Declarar la educación como prioritaria en los papeles, pero desfinanciarla en los hechos, eliminando el FONID y paralizando las paritarias, revela que la ‘esencialidad’ es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa o la dignidad de quienes sostienen las aulas”, cuestionaron los legisladores firmantes, publicó Parlamentario.

En relación al financiamiento de la puesta en escena de este proyecto de ley, la oposición propone la creación del Fortalecimiento Salarial Educativo, financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con asignación específica y distribución automática, de modo que los recursos “lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin discrecionalidad ni intermediaciones”, explicaron.

A su vez, esta iniciativa contempla un “complemento federal” para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal que recibirán una suma cercana a los 50.000 pesos y una adicional en concepto de “compensación federal” de casi 70.000 para quienes ejerzan la docencia en escuelas de alta vulnerabilidad.

Infobae

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