INTERÉS GENERAL
15 de Octubre de 2026
La Iglesia insiste. Exige ponerle punto final a las apuestas clandestinas

Frente al avance del juego virtual, la ley de prevención de la ludopatía motivó un nuevo y enérgico reclamo eclesiástico. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero permanece paralizada en la Cámara alta. Según advirtió la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, escenario en el cual el texto se archivaría obligando a reiniciar todo el debate legislativo desde cero.

En el documento remitido a los despachos parlamentarios, los religiosos apelaron a la responsabilidad de los legisladores: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, instándolos a alcanzar los consensos indispensables para sancionar la norma definitiva.

En ese marco, la Pastoral Social remarcó que la problemática dejó de ser un simple aviso preventivo y pasó a consolidarse como un drama cotidiano visible. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. A su vez, los obispos cuestionaron la pasividad oficial al advertir que no actuar también constituye una postura política y que resultaría “profundamente lamentable”.

El organismo episcopal enfatizó que el Estado tiene la obligación indelegable de amparar a los sectores más vulnerables frente a las presiones del mercado del juego, pero cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. De acuerdo con la misiva, los costos humanos, familiares, sanitarios y comunitarios no son costeados por quienes lucran con la actividad, respaldando su diagnóstico en relevamientos elaborados por Unicef Argentina y el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

Para fundamentar su postura ética, el texto recuperó conceptos del papa León XIV en su encíclica Magnífica Humanitas, donde cuestiona “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y concluyeron con una interpelación directa a los miembros de la Cámara alta: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, sentenciaron.

No se trata de una intervención aislada de las autoridades religiosas. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el territorio nacional habían activado la campaña “Apostar no es un juego”. Con posterioridad, en noviembre de ese año, reclamaron celeridad a la Cámara de Diputados y, en febrero de 2025, trasladaron idéntica exigencia al Senado denunciando la instalación de una “cultura de la timba y del azar”.

La postura se endureció aún más en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina afirmó tajantemente que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En dicha oportunidad, los prelados alertaron que la carencia de regulaciones efectivas facilitaba que cualquier teléfono celular funcione como un “casino”.

Los alcances de la iniciativa frenada

El proyecto legislativo recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La propuesta impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, veda la publicidad en medios de comunicación, redes, eventos y camisetas deportivas, fija castigos para personas influyentes que la promocionen, dispone identificación biométrica, instaura un régimen de autoexclusión, prohíbe apostar mediante tarjetas de crédito e inhabilita a empresarios del rubro a ejercer cargos directivos en entidades deportivas.

En contraposición, en mayo de este año, el Gobierno giró al Senado su propio expediente con modificaciones sustanciales. El texto oficialista autoriza la publicidad en favor de plataformas habilitadas, acota las penalidades a firmas clandestinas con escalas de 3 a 6 años de prisión y deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, descartando el sistema biométrico de verificación estatal aprobado previamente.