El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.

La advertencia de Estados Unidos y los cambios

El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. En ese contexto, también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

Como resultado de esas gestiones, el gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.

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