Las delegaciones argentina y británica exponen este martes ante este Tribunal con sede en Hamburgo. El gobierno de Milei pidió cautelares para frenar las actividades petroleras en las aguas de las disputadas islas, con foco en el yacimiento de Sea Lion.
A las 6 de la mañana en Argentina (las 10 en Hamburgo, Alemania), los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tomaron sus respectivos lugares. También las partes enfrentadas, las delegaciones argentina y británica, para comenzar la primera de las dos históricas audiencias en esta corte internacional, ante la cual el gobierno de Javier Milei pidió que ordene al Reino Unido frenar de manera provisional las actividades petroleras en las disputadas islas, un pedido que se anunció el 28 de septiembre.
En principio, aunque puede haber matices, las especulaciones están centradas en si el Tribunal acepta el pedido argentino y ordena al Reino Unido que frene las actividades petroleras, lo que sería una victoria histórica para el reclamo nacional; o si rechaza el pedido de Buenos Aires por considerarse que incompetente al haber un conflicto de soberanía latente
Maurice Kamga, el presidente del Tribunal, presentó el caso y a las partes, empezando por la delegación argentina, cuyos miembros más importantes son: el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal; el letrado internacional argentino Marcelo Kohen; y el exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, Nico Schrijver, entre otros.
Al empezar su exposición, el experimentado Oyarzábal reconoció que el pedido al Tribunal, que depende a su vez de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), no apunta a resolver el problema de fondo, que es el reclamo de la Argentina al Reino Unido sobre las islas del Atlántico Sur, sino a frenar medidas económicas y medioambientales sobre los recursos naturales del disputado archipiélago que no tendrán vuelta atrás una vez que comiencen.
Vale recordar que, casi tres años después de haber asumido, el Gobierno endureció su discurso contra Londres y Malvinas y decidió enfrentar lo que cambiará por completo la geopolítica del Atlántico Sur si se cumple el anuncio de que el yacimiento petrolífero Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros de las Malvinas -con una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo-, comenzará a ser explotado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum entre 2027 y 2028.
Al comenzar su exposición, el experimentado Oyarzábal hizo una larga presentación y enumeró los reclamos argentinos, las resoluciones de la Argentina y su disposición a cooperar y a agravar la disputa, pero también la respuesta británica de que “la explotación se llevaría a cabo según lo planeado”.
Oyarzábal entonces dijo que la respuesta argentina llegó el 28 de septiembre frente al “agravamiento de la disputa causada por el Reino Unido”. Entonces, “Señor presidente, miembros del tribunal, como he dicho, este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación. Tampoco se pide al tribunal que se pronuncie sobre el fondo de la disputa sometida a arbitraje”.
Dijo entonces Oyarzábal en la mañana de este martes -como diría Kohen después- que este caso contiene “cuatro conjuntos de derechos bajo la Convención”.
Primero, sostuvo el embajador, “la protección de los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental a la espera de la resolución de la disputa, no su determinación”. En segundo lugar, “el derecho de Argentina y la correspondiente obligación del Reino Unido de que no se tome ninguna acción unilateral que altere irreversiblemente la plataforma continental en disputa solo para la explotación de sus recursos no renovables”.
En tercer lugar, “el derecho de Argentina de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de resolver disputas y actuar en el bien requerido según los artículos 279 y 300 y, en consecuencia, abstenerse de conductas que pongan en peligro u obstaculicen la solución de disputas o la agraven”.
En cuarto lugar, “el derecho de Argentina a no ser impedido por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención para proteger y preservar el medio marino de la zona en disputa. Para Argentina, este derecho se deriva de la Convención. Reino Unido disputado. Por lo tanto, existe claramente una disputa relativa a la interpretación o aplicación de la Convención”.
A esta hora, la delegación británica -que está con un grupo de autoridades isleñas- no había hablado. Pero este martes el gobierno de Andy Burnham —que le dijo a Donald Trump que Argentina aplicaba “medidas coercitivas contra los habitantes de Malvinas”— rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de las Malvinas y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas. Lo dijo desde Londres la fiscal general británica, Ellie Reeves, al diario The Times.