El proyecto de reforma previsional que envió el Poder Ejecutivo obtuvo esta mañana un despacho de Comisión que será ingresado en la próxima sesión en el Senado. Se introdujeron modificaciones.

Entre los puntos principales se encuentran:

-Se establece una emergencia del sistema previsional por dos años, los que podrán ser prorrogados por un período similar por el Poder Ejecutivo. Para hacer la extensión deberá comunicar los fundamentos a la Legislatura.

-Se considera a la emergencia de orden público aplicable a los tres Poderes del Estado, alcanzando también entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.

-Se autoriza al Ejecutivo a tomar medidas para resguardar la “sustentabilidad y sostenibilidad del sistema” y se establece un aporte “personal extraordinario del tres por ciento, el cual se adicionará a los existentes, conforme al régimen previsional vigente”.

-Se exceptúa de este aporte a quienes perciban haberes menores a los tres millones al personal de las fuerzas de seguridad.

-Se aumentan las contribuciones patronales de todos los empleadores en un 3%. Esto alcanza a los tres Poderes del Estado.

En el caso de la contribución patronal “será del 1,5% para empleadores de sectores adheridos al sistema previsional que no resulten deficitarios y en tanto mantengan dicha situación”. En caso que esto no sea así, el aporte será del tres por ciento.

En el caso de los aportes extraordinarios, el proyecto le amplía las facultades al Poder Ejecutivo para adecuar los rangos de salarios y los aportes personales.

Edades y cálculo del haber

Entre otras modificaciones el despacho estableció las edades para acceder a beneficios en los 65 años para varones y en sesenta años para las mujeres. Deberán acreditar 35 años de aportes. Los beneficios serán jubilación ordinaria común o especial, jubilación por edad avanzada, jubilación por invalidez y pensión.

Se mantienen edades para la jubilación ordinaria especial, pero hasta alcanzar los rangos de edad previstos para la jubilación ordinaria (65 en varones, 60 en mujeres) deberán continuar efectuando el aporte personal solidario.  Se han previsto que esos aportes irán desde el 6 por ciento, al 19 por ciento, según el tramo asignado.

Respecto del cálculo de la jubilación ordinaria será el 82% “promedio actualizado” de las 180 últimas remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes que se hubieran efectuado al momento de la cesación del servicio.

Entre la urgencia fiscal y el debate por los derechos adquiridos

La iniciativa combina herramientas extraordinarias propias de una emergencia con reformas permanentes que impactan sobre el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. En consecuencia, su tratamiento promete abrir un intenso debate político, jurídico, económico y sindical.

De hecho, la declaración de emergencia será un punto de inflexión. El eje central del proyecto es la declaración del “estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial”, considerado expresamente como una situación de fuerza mayor y de orden público.

La emergencia tendría una duración inicial de dos años, aunque el Poder Ejecutivo podría extenderla por otros dos mediante una decisión fundada, comunicando posteriormente esa determinación a la Legislatura.

La fundamentación oficial apunta a un objetivo claramente definido: recuperar el equilibrio financiero del sistema, garantizar su sustentabilidad y preservar los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.

No se trata únicamente de una declaración simbólica. Bajo el paraguas de la emergencia, el Ejecutivo obtiene amplias herramientas para intervenir sobre la administración financiera del sistema.

Facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo

Durante la vigencia de la emergencia, el Gobierno provincial quedaría habilitado para realizar modificaciones presupuestarias de gran alcance.

Entre otras atribuciones podrá:

-modificar partidas presupuestarias;

-ampliar recursos y gastos;

-reasignar fuentes de financiamiento;

-realizar transferencias compensatorias;

-celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales;

-negociar acuerdos transaccionales respecto de deudas previsionales;

-adoptar cualquier otra medida que considere necesaria para preservar la sostenibilidad del sistema.

Aunque el proyecto establece que deberá informar estas decisiones a la Legislatura, la amplitud de las facultades delegadas seguramente constituirá uno de los aspectos más discutidos durante el tratamiento legislativo.

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