Un nuevo sistema centralizado de compras de alimentos para desayunos y meriendas encendió las alarmas de docentes y entidades vinculadas a la producción regional, comercial y organizaciones que luchan  por ingestas saludables.

La incorporación de ultraprocesados no cayó bien. Docentes agremiados en AGMER rapidamente se movilizaron en rechazo del nuevo sistema.

La medida originó la presentación de amparo por parte de la funcacion CAUSE. La medida tuvo rápida respuesta por parte de la justicia quien ordenó la suspención en la implementacion del nuevo sistema.

La respuesta del Fiscal de Estado

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que apelará la cautelar y remarcó que la resolución no es una sentencia sobre el fondo del asunto, sino una medida provisoria, mientras el plazo para contestar la demanda todavía no vence. El gobierno sostuvo, además, que instruyó a los directivos escolares para sostener la modalidad anterior hasta la plena implementación del nuevo sistema, por lo que —según su versión— la prestación alimentaria no se vio alterada. La Provincia defendió la reforma como parte de una política de transparencia y control de fondos públicos, en un contexto en el que las auditorías sobre el sistema anterior derivaron en diez denuncias penales por irregularidades.

En un escrito posterior, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, cuestionó que la decisión judicial implicara «una injerencia en el ejercicio de potestades administrativas» no controvertidas en la causa, ya que —sostuvo— nadie impugnó la legalidad del procedimiento de contratación. Malvasio hizo lugar a esa apelación con efecto devolutivo, es decir, sin suspender la vigencia de la cautelar mientras el Superior Tribunal de Justicia resuelve el planteo de fondo.

además del proceso judicial, la reforma acumula objeciones de otros sectores que no forman parte del amparo. El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) alertó sobre el impacto económico de concentrar más de $100.000 millones en una única empresa radicada fuera de la provincia, en un momento en que varios proveedores locales ya arrastraban deudas impagas por entregas anteriores. El exdiputado nacional Marcelo Casaretto denunció que el monto adjudicado a Teknofood más que duplicó el presupuesto oficial de la licitación —de $42.000 millones a $101.000 millones— sin que la adjudicación fuera publicada en el Boletín Oficial. Y el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, junto con la Asociación de Nutricionistas en Alimentación Escolar de Concepción del Uruguay, cuestionó que el decreto se elaborara sin consulta a los equipos técnicos y advirtió que el nuevo esquema favorece productos ultraprocesados en desmedro de los alimentos frescos.

Frente a esos planteos, el Gobierno defendió el paso de un sistema de compras descentralizadas —gestionadas por cada escuela mediante tarjetas o fondos propios, con proveedores de cercanía— a uno centralizado en un proveedor único para toda la provincia, con el argumento de unificar la calidad nutricional entre comedores, reforzar la trazabilidad de las compras y liberar a directivos de tareas administrativas. El propio director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, reconoció públicamente que bajo el esquema anterior la incorporación de alimentos frescos se daba en menos del 10% de los casos, un dato que coincide con el diagnóstico de los profesionales de la nutrición sobre las falencias del sistema previo.

Fuente: libreentrerios